Un operativo de inmigración enfocado en el fraude de documentos, se centró en dos populares restaurantes de comida mexicana en Yakima. El propietario estuvo en prisión hace unos años en relación a un caso de drogas en Ohio.

En total, 17 de los arrestados eran actuales o anteriores trabajadores del restaurante El Mirador El Mirador I y II, ellos fueron procesados ante un Tribunal de Estados Unidos, acusados de utilizar un número de Seguro Social y/o posesión de Tarjetas de Residentes Permanente falsificadas.

James Hutton, juez federal EE.UU., dijo que los detenidos se encuentran en la cárcel del condado de Yakima sin derecho a fianza.

Los acusados formaban parte de un grupo de 21 hombres y mujeres arrestados el 30 de enero tras una serie de redadas en ambos locales de El Mirador -418 W. Walnut St. y 1601 E. Yakima Ave. -, Así como en 11 viviendas y vehículos.

Algunos familiares de los detenidos estaban consternados debido a los acontecimientos.

Lidia Morales voló desde California durante las primeras horas del 1 de enero, para ayudar a cuidar al bebé de su hermana, Alma Delia Parra-Pérez, después de que ésta fue arrestada junto a su esposo, Ignacio Montejano-Raya. Morales dijo que no había nadie quien cuidara al bebé de solo cuatro meses de edad.

“Me siento muy mal, porque ella es mi hermana”, dijo Morales tras la lectura de cargos. No sabía exactamente lo que los cargos eran o qué pasó, pero sabía que su hermana trabajaba en un restaurante.

“Me da miedo porque van a separar a todos esos niños de sus padres”, dijo Morales. “No es justo… Sólo estaban trabajando”.

Según documentos judiciales, los allanamientos estaban vinculados a una serie de redadas de inmigración ocurridos hace dos años, en Ellensburg.

En ese operativo se detuvo a 33 inmigrantes mexicanos, entre ellos, varias mujeres con niños pequeños. La redada estaba vinculada a una investigación de falsificación de documento que resultó en el arresto y condena de Juan Manuel Romo-Peñafiel, en Yakima.

De acuerdo con una declaración jurada de orden de registro en Yakima, los agentes federales comenzaron a investigar a El Mirador desde 2011, después de que arrestaron a Romo-Peñafiel y encontraron varias fotografías de empleados de El Mirador dentro de su cámara digital.

Romo-Peñafiel fue acusado junto a David Yáñez-Mejía, finalmente se declararon culpables de los cargos de falsificación y fueron condenados a dos años de prisión y seis meses de prisión, respectivamente. Ambos fueron deportados.

La declaración jurada también nombra a Abraham Brambila-Pelayo y a su esposa, Vilma Cecilia Brambila, dueños de los restaurantes El Mirador. Ambos fueron investigados por “contratar con conocimiento de causa a inmigrantes ilegales”.

Según la declaración jurada, Abraham Brambila fue objeto de una investigación anterior debido a un caso de tráfico de drogas ocurrido en 2006, en Ohio. Allí se incautó 61 kilos de cocaína y dos millones de dólares. Brambila pasó recluido 18 meses en prisión.

“Brambila manejaba un restaurante en Ohio, que fue utilizado como fachada para la actividad de drogas”, indica la declaración jurada alegando que proporcionó verificaciones de empleo falsas a miembros de una “conspiración de drogas”.

No está claro si ese caso tiene alguna relación con las redadas de inmigración en sus restaurantes. No obstante, Brambila no fue detenido en el operativo, y concedió una entrevista a El Sol de Yakima, un día después del suceso.

“No sé porqué estamos en la mira de la inmigración, acá sólo servimos comida”, dijo. “Nosotros no creamos documentos falsos o vendemos drogas. Eso lo saben bien nuestros clientes”, dijo Brambila.

Detalló que 16 de los detenidos trabajaban para él directamente en sus dos restaurantes, incluyendo una sobrina, un sobrino, dos cuñados, una cuñada y su suegro.

“Ellos estaban trabajando con sus verdaderos nombres, pero no sé si estaban utilizando documentos falsos”, subrayó.

Cuando se le preguntó sobre el caso de drogas en Ohio, dijo que fue su error tratar de ayudar a un amigo.

“Yo le proporcioné una carta de trabajo a alguien, para que pudiera alquilar un apartamento”, dijo Brambila. “No sabía que estaba utilizando el apartamento como un lugar para vender drogas. Ese error me costó (muchos) meses en la cárcel... Ya he pagado por ello. Lo último que quiero en la vida es meterme en problemas con la ley”, apuntó.

Laura Contreras, abogada de Northwest Immigrant Rights Project de Granger, criticó a las redadas por ir en contra de “gente común”, en lugar de lo que ICE ha identificado como parte de sus prioridades: la deportación de criminales graves o personas que presenten un riesgo grave para la seguridad nacional y la seguridad pública.

“No tiene sentido enjuiciar penalmente a unas cuantas personas trabajadoras que no tienen nada que ver con las prioridades reales de ICE”, dijo Contreras.

Paola Zambrano, una activista por los inmigrantes en Yakima, dijo que los criminales deben ser arrestados, pero la gente que simplemente busca mantener a sus familias no debe de ser capturada en redadas.

“Es injusto capturar y separar de sus familias a personas que sólo quieren trabajar”, dijo Zambrano quien es una voluntaria activa en varias organizaciones como Amigas Unidas, OneAmerica, Barrios Unidos y el Distrito Escolar de Yakima.

“A veces la gente que compra (falsos) documentos sólo lo hacen para poder trabajar. Esto es lo que hace nuestro sistema de inmigración actual”, dijo. “Lo que necesitamos es una reforma migratoria integral, que no permita que la gente a viole las leyes”.

El 3 de enero, durante las misas dominicales en las Iglesias Católicas de San José y San Paul, se emitieron mensajes de apoyo a las familias separadas por la redada.

Felipe Pulido Párroco de la parroquia San José, dijo: “Me gustaría decirle a la gente (afectada) que estamos con ellos... La Iglesia Católica quiere que ayudar a todas esas familias que de alguna manera están en necesidad en este momento”.

“No pierdan la fe ni la esperanza en Dios… En este momento hay gente que está trabajando duro para tener una reforma migratoria”, subrayó.