El resultado de la última elección presidencial fue claro. El 71 por ciento de los hispanos con derecho a voto, apoyó la reelección de Barack Obama. Sin embargo, ésta vez, la minoría mayoritaria del país, no le dará tregua frente al tema de la reforma migratoria.

En 2008, Obama ganó la simpatía de los hispanos porque prometió establecer una reforma migratoria integral antes de culminar su primer año de gobierno. Una promesa que no cumplió a pesar de que, el demócrata contaba con una amplia mayoría en la Cámara de Representantes y del Senado estadounidense.

Asimismo, durante el año fiscal 2011, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dio a conocer que se había deportado un promedio anual de casi 400,000 indocumentados. Una cifra récord en deportaciones bajo la administración de Obama. De los expulsados, sólo el 55 por ciento tenía antecedentes penales.

En agosto pasado, Obama dio inicio de la medida ejecutiva de Acción Diferida para el Arribo de Menores o DACA, un programa que elimina la deportación de inmigrantes indocumentados que tienen entre 16 y 30 años de edad —continúan estudios académicos y no tienen antecedentes penales— y les otorga un permiso de trabajo válido por dos años. Según el Centro Hispano Pew, alrededor de 1,7 millones de personas podrían beneficiarse de la medida.

Aunque DACA legaliza de alguna manera a jóvenes indocumentados, ésta no genera una solución permanente, debido a que no genera un camino a la residencia o ciudadanía estadounidense.

Cualquier medida federal que solucione la situación migratoria de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, dependerá sólo de acuerdos políticos bipartidistas que logren los demócratas y republicanos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. De acuerdo a los resultados de las elecciones del 6 de noviembre, los republicanos tendrán el control de ambas cámaras.

Por lo pronto, dos senadores de partidos opuestos, el demócrata Chuck Schumer y el republicano Lindsey Graham han dado a conocer un anteproyecto para lograr una nueva política migratoria. No obstante, ambos consideran que ésta no se logrará hasta que las fronteras del país estén seguras.

En entrevista con la cadena de noticias CBS, Graham dijo que sólo entonces, “aquellos que entraron en Estados Unidos sin autorización saldrán de las sombras. Serán identificados biométricamente, comenzarán a pagar impuestos y pagarán una multa por la ley que violaron”.

La iniciativa Graham-Shumer podría ser un primer paso a las negociaciones, pero todavía es muy temprano para afirmarlo. Lo que sí es cierto, es que a partir de enero de 2013, ambos partidos deberán cooperar con el presidente Obama para negociar una nueva reforma migratoria.