En una reunión de la comisión del Condado de King, el jefe de inmigración en Seattle, dijo que un proyecto de ordenanza requeriría que los encargados de las cárceles del condado dejen de cooperar con su oficina. Tema que plantea serias preocupaciones en la seguridad pública.

La ordenanza, en cuestión, cambiaría la forma en la que los carceleros del condado manejan las solicitudes de “retención” para los prisioneros inmigrantes —tanto legales como indocumentados— que pueden ser deportados del país.

El condado solo acataría las solicitudes de retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), para los inmigrantes condenados por delitos graves o violentos que se definen en la ley estatal, sin tener en cuenta la de los inmigrantes que hayan cometido delitos menores, como la exposición indecente o allanamiento criminal.

Nathalie Asher, directora de la oficina de campo y operaciones de ICE, le dijo a los miembros del consejo que los inmigrantes condenados por delitos menores, podrían tener antecedentes “más graves” y que además, podrían cometer delitos futuros.

Las órdenes de retención son para “asegurar que estos arrestados no sean puestos en libertad en nuestra comunidad”, dijo Asher. Resaltó que ICE podría tener historial de las personas arrestadas que la policía no podría tener, incluso, la de cualquier proceso penal por violaciones de la ley federal de inmigración.

“Ese es el rol que el Congreso ha designado a ICE, investigar y [desarrollar] conclusiones”, subrayó.

Es muy raro que los funcionarios de inmigración se manifiesten en asuntos de política local, pero el accionar de Asher, indica la preocupación de las autoridades federales sobre la potencial pérdida de cooperación con el condado más poblado de Washington.

Asher fue parte de un panel de expertos en inmigración que declararon ante el County Council’s Law, Justice, y Health and Human Services Committee durante la segunda audiencia pública sobre la propuesta de ordenanza.

Decenas de residentes se manifestaron a favor y en contra de la medida, ofreciendo un testimonio emocional sobre cómo el programa separa a las familias inmigrantes o sobre los crímenes que cometen los inmigrantes que viven de manera ilícita en el país.

Bajo el programa Comunidades Seguras, ICE revisa las huellas dactilares de todos los reclusos y las compara con la base de datos nacional de inmigración.

La retención permite que ICE tome control de los inmigrantes una vez que sean liberados de la cárcel y de esta manera, empieza el proceso de cumplimiento de las leyes de inmigración. En algunos casos, el resultado final es al deportación.

De acuerdo a un estudio de Transactional Records Access Clearinghouse en la Universidad Estatal de New York, 50 por ciento de los inmigrantes detenidos en Seattle, durante un periodo de dos meses en 2012, fueron deportados.

Defensores de los inmigrantes han presionado para cambiar dicha práctica de retención de ICE, con el argumento de que socava la confianza de la comunidad inmigrante y que daña a las familias cuando son separadas de los padres quienes son el único sostén económico.

Los opositores, por su parte, advierten que el condado podría exponerse a riesgo si los inmigrantes liberados cometen delitos más graves.

La ordenanza del Condado de King exigiría a los agentes de ICE demostrar por escrito que la persona fue condenada previamente de un homicidio o un delito violento grave o fue culpable de una ofensa sexual, durante los últimos 10 años.

El condado no acataría órdenes de detención para menores.